La escuela, entendida como institución, siempre ha cumplido una función social. Es uno de los principales agentes de socialización de las personas y el espacio fundamental y natural de enseñanza-aprendizaje que poseen las niñas y los niños, además de las familias. Pero para hablar de la función social de la escuela es inevitable empezar por el principio, y esto es recordando que la educación es un derecho. Es un derecho humano universal y fundamental, que recoge los principios de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos ya que la educación cubre aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. O al menos debería.
Como decíamos, la escuela supone ese espacio de socialización que favorece el pleno desarrollo de las niñas y los niños. Pero, además, favorece este pleno desarrollo en condiciones de igualdad. En la escuela, el alumnado debería tener las mismas oportunidades sea cual sea su procedencia o el nivel socioeconómico de sus familias. Y decimos debería porque esto no siempre es así, la segregación escolar por causas socioeconómicas ha sido uno de los principales problemas del sistema educativo español en los últimos 10 años. Numerosos informes elaborados por el Observatorio Social de La Caixa, y basados en los resultados de los informes PISA de los últimos 4 años, inciden en que las "disfunciones" más importantes del sistema educativo español son los altos niveles de abandono escolar, el elevado peso del origen socioeconómico en los resultados académicos y el alto nivel de segregación por origen social. En un país como España, el segundo de la Unión Europea con mayores tasas de pobreza infantil (las últimas cifras de 2020 arrojan 2,1 millones de menores en riesgo) nos enfrentamos a un problema con mayor magnitud aun si cabe.
Esta segregación, que responde a cuestiones de voluntad política en la mayoría de los casos, deja especialmente expuesta y desprotegida a la escuela pública frente a la concertada o la privada ya que en nuestro país, según los citados informes PISA, los centros privados independientes y privados concertados tienden a escolarizar a alumnado con un nivel socioeconómico más alto que el de alumnado escolarizado en centros de titularidad pública.
El mundo se enfrenta a una de las mayores emergencias sanitarias de los últimos tiempos. Una pandemia que, además del trágico coste humano, ha suspendido la vida económica y social tal y como la conocíamos. En este contexto de parálisis, las escuelas han sido cerradas, lo que supone un acontecimiento dramático no solo por las repercusiones que esto puede tener en los procesos de enseñanza-aprendizaje de millones de niñas y niños, sino por el tremendo coste social que ello supone.
La escuela, especialmente nuestra escuela pública, es el mayor igualador social que existe. Bajo su techo, el alumnado está amparado por el principio de igualdad de oportunidades y puede ejercer su derecho a una educación universal y de calidad sin que importe su procedencia social, cultural o económica. Uno de los mayores logros de la escuela pública en los últimos 30 años ha sido tomar conciencia de su papel regulador de las desigualdades y apostar por modelos y medidas de compensación educativa. Por desgracia continúa siendo algo sumamente frágil, tanto que al desaparecer la escuela como un elemento presencial, desaparece casi por completo su capacidad de regulación social. Esta situación ha abierto diferentes debates con el objetivo de buscar soluciones pero, posiblemente, han sido debates cortoplacistas y superficiales que pueden tener como resultado soluciones a corto plazo y de limitada profundidad. Si bien es cierto que cuestiones como la brecha digital existente o las competencias digitales de las comunidades educativas son aspectos que deben abordarse necesariamente, si no tenemos en consideración la composición desigual de nuestras escuelas, las políticas conservadoras que han favorecido la segregación escolar y el aumento de las cifras de pobreza infantil y familias vulnerables, no vamos a poder enfrentar esta pandemia garantizando unos valores mínimos de igualdad y justicia social. El estado debe ser capaz de dar respuesta a las necesidades del alumnado y de las familias en su totalidad. Es el momento de reforzar planes de apoyo y compensación educativa integrales que garanticen que cualquier joven, en cualquier hogar y en cualquier situación social pueda tener las mismas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo personal.
Desde ACPP siempre hemos sido conscientes de nuestra responsabilidad en la defensa del derecho a la educación, entendiendo que la escuela pública es el corazón, el motor y el alma que hará posible conseguir procesos de verdadera transformación social. Hoy más que nunca corresponde a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada exigir un sistema educativo que no abandone a millones de niños y niñas. Porque si no lo conseguimos, la otra pandemia nos habrá ganado.